Es importante reconocer las amenzas que continúan acechando nuestro Planeta, nuestra salud y nuestro medioambiente. Son amenazas conocidas y comunes a muchos otros males que enfrentamos : la política que se arrodilla ante los intereses económicos y la ganancia privada sin conciencia ni freno.
Somos muchos
“Este es un país de ley y orden”, respondió el gobernador Rosselló a la pregunta de si su administración favorece o no el incinerador de Arecibo. Con esta respuesta tan trillada por los políticos y tan poco respetada por ellos mismos, el gobernador trata de convencer de que su administración evalúa objetivamente el incinerador. Quizás con su contestación pueda tomarle el pelo a unos cuantos, pero no a las comunidades y entidades que por décadas llevan luchando por la protección de la salud y el medioambiente.
Si nos ceñimos a lo que establecen las leyes, el incinerador estaría descartado de plano. Este proyecto se evaluó por vía de una declaración de emergencia improcedente del exgobernador Fortuño, que suprimió el estado de derecho para violar la política pública. Es el mismo modelo ultra vires e ilegal que ahora replica la actual administración con su declaración de emergencia para proyectos de infraestructura.
El incinerador no cumple con la Ley 70 de 1992, Ley para la reducción y el reciclaje de desperdicios sólidos en Puerto Rico, que solo permite la “recuperación de energía de desperdicios sólidos que no puedan ser reutilizados o reciclados”. El incinerador de Arecibo no propone remover material reciclable o reusable, como el plástico, antes de quemarlo.
La viabilidad del incinerador se sustenta en violar la Ley de Municipios Autónomos a través de un contrato donde la Autoridad de Desperdicios Sólidos acuerda mandatar a los municipios a llevar su basura al incinerador. La ADS no tiene dicha autoridad legal y los municipios, tanto federados como asociados, han expresado su rechazo indicando que acudirán a los Tribunales.
A la fecha, el proponente ha incumplido con requerimientos obligatorios de la Consulta de Ubicación aprobada a toda prisa en el 2010, incluyendo que en siete años no ha logrado enmendar los mapas de inundabilidad, toda vez que el proyecto ubica en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo. Dicha Consulta tenía una vigencia de dos años y ha sido extendida por los pasados cinco años sin revisar la información obsoleta e incorrecta presentada en el 2010 que ignora la baja poblacional, la situación fiscal y el impacto de las 150,000 toneladas anuales de cenizas que producirá, entre muchos otros aspectos.
¿Cómo es que el Departamento de Justicia federal considera que el plebiscito del 2012 ya no es representativo por los cambios poblacionales, económicos y políticos que han ocurrido en los pasados cinco años, pero el gobierno local no se replantea un proyecto que fue evaluado hace siete años con información de hace diez años? Es evidente que la ley y el orden no rigen el proceder de los permisos ni de este incinerador.
Documentos obtenidos a través del Freedom of Information Act confirman que Energy Answers ha ejercido presión en la Agencia federal de Protección Ambiental a través de cabilderos para lograr una extensión a su permiso de aire que de otra manera seguramente no hubiesen conseguido. Energy Answers también se destaca como una de las empresas que cabildearon a favor de PROMESA (junto a la carbonera AES, cabe destacar). Y a nivel local desde el 2012 el Centro de Periodismo Investigativo ha destapado el inversionismo político asociado a este proyecto en administraciones de ambos partidos. ¿La presión indebida y el inversionismo político son parte del marco de ley y orden al que se refiere el gobernador Rosselló? ¿Incluir el incinerador como proyecto principal en el plan que presentó a la Junta de Control Fiscal es parte de lo que esta administración entiende por objetividad al evaluar un proyecto privado?
Contrario al cuadro de ensueño que tratan de atosigarnos sobre los primeros meses de esta administración, lo que vemos es un gobierno con poco respeto hacia la protección de la salud y el medioambiente, a los procesos democráticos, a la diversidad, y una falta de entendimiento de la educación como camino principal para la movilidad económica. No podemos dejarnos engañar de que ahora “todo se vale” en nombre de la crisis. Es en tiempo de crisis cuando se tiene que evitar la respuesta cortoplacista que ignora los resultados en el largo plazo.
Aquí no se trata de si nos gustan o no los proyectos; se trata de que no podemos permitir que la ganancia privada continúe dictando la agenda de la acción pública, obviando el impacto en la gente y en el medioambiente. No vamos a permitir que el gobierno continúe atropellando comunidades, esquivando el marco legal que se supone el gobierno mismo haga valer, solo por poder reclamar una primera piedra. Si no es porque contamos con personas, comunidades y entidades que a través de los años han emprendido la dura batalla de defender los recursos naturales, la justicia social y el bienestar de todos y todas, nuestro país sería hoy una mole de cemento de norte a sur, cicatrizada por un gasoducto, con montañas destruidas en Adjuntas por la explotación minera, con la Marina todavía bombardeando en Vieques y hace tiempo un incinerador estaría contaminando en Arecibo.
Ante nosotros desfila otro gobierno incapaz de atender con visión y coherencia los retos que enfrentamos. Pero con esperanza también vemos el desarrollo de una ciudadanía que busca insertar un nuevo orden social solidario, responsable y sustentable. Una generación renovada de jóvenes, adultos y adultos mayores listos para emprender la revolución pacífica que se forja con amor, persistencia y empeño. La respuesta que necesita Puerto Rico está en la calle, en el campo, en la comunidad, en la universidad. El camino es duro pero el ánimo se siente. Somos muchos. No lo dejemos caer.
