La ganancia privada y la pérdida pública: esa es la realidad contra la que luchan muchas de las comunidades y sectores de nuestro país ante la ausencia de un gobierno que vele por el bienestar de la población. Esta es la historia de la planta de carbón AES en Guayama y es la historia del incinerador de Arecibo.
En las pasadas semanas el periodista Omar Alfonso, editor de La Perla del Sur, en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo, presentó una serie de reportajes relacionados a las cenizas tóxicas que produce AES en Guayama y los efectos que dichas cenizas han tenido en la salud y el bienestar de familias y comunidades tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana (específicamente la comunidad Arroyo Barril). Las cenizas producto del proceso de combustión contienen altas concentraciones de contaminantes tóxicos como arsénico, boro, cloruro, cromo, y emiten radioactividad. AES produce 300,000 toneladas de ellas anualmente, las cuales ha depositado por más de una década en diversos puntos de nuestra Isla y en la República Dominicana. El resultado directo de esta práctica, que el reportaje documenta, es desgarrador: niños y niñas con malformaciones, abortos, partos prematuros, incidencias de cáncer elevadas y niveles elevados de muerte por cáncer.
Lo que más nos debe indignar y encolerizar de este caso es que toda esta desgracia y todo este daño pudieron haberse evitado. Desde que se comenzó a discutir este proyecto en 1994-95 se alertó a las agencias del gobierno de los problemas que podría traer el establecimiento de esta planta. Y no me refiero solamente a Misión Industrial, SURCO y los demás grupos ambientales y comunitarios que alzaron su voz en contra. También expertos y servidores públicos dentro de las propias agencias de gobierno que evaluaron el proyecto de AES señalaban las deficiencias y los peligros del mismo. No se les hizo caso.
En 1995 a mí me tocó, como parte de una pasantía como estudiante de ingeniería, colaborar con el grupo de la Administración de Asuntos de Energía (AAE) que evaluaba la Declaración de Impacto preliminar (DIA-P) del proyecto de AES. Por suerte, retuve una copia del documento que preparé, así como algunos de los documentos que prepararon los expertos que conformaban el equipo de evaluación de la AAE: el Dr. Neftalí García, la Ing. Nohemí Zerbi y el Ing. Gerardo Cosme. Y digo por suerte porque, en demasiadas ocasiones, documentos como éstos desaparecen de los expedientes, borrándose así el récord público. No se olvide, por ejemplo, la presidencia de Héctor Russe en la Junta de Calidad Ambiental (JCA) durante el cuatrienio de Pedro Rosselló, en donde se ordenó la destrucción de todos los documentos ambientales: un acto desfachatado de burla a la ley, el orden y el estado de derecho.
Los informes que se prepararon en la AAE fueron presentados en 1995 al Sr. Rafael Luis Llompart, entonces administrador de esa agencia (los enlaces a los informes están al final de este escrito). En ellos se alertaba sobre los impactos negativos que tendría la planta de carbón sobre la salud humana y el medioambiente. Se destacaban, entre otras cosas: las preocupaciones sobre el manejo y la disposición de las cenizas, así como la falta de información adecuada sobre la posible toxicidad de las mismas; la falta de rigor en la evaluación de las emisiones a generarse; la incongruencia en localizar la planta en el sur, pues, siendo el norte el área de mayor demanda, no hacía sentido continuar construyendo capacidad en el sur; la previsible reducción en demanda energética por la reducción en la actividad económica por los cambios que ya se discutían a la sección 936, y el acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) (lo que llevaba a concluir que no sería necesario construir más capacidad); la generación de bióxido de carbono y su posible contribución negativa al cambio climático; la ausencia de un estudio sobre el impacto en terrenos de valor agrícola y en los recursos de agua; la falta de evaluación sobre el impacto de extracción de piedra caliza; la deficiencia en la evaluación de alternativas al no estudiar seriamente opciones de energía solar descentralizada y descartar el gas natural por ser más costoso que el carbón sin hacer una evaluación de las externalidades; la falta de experiencia previa siendo ésta la primera facilidad de AES de ésta magnitud; el impacto negativo de materia particulada fugitiva y de aire contaminado en escuelas y comunidades aledañas, entre otras.
Sobre este último señalamiento indicaba el doctor Neftalí García:
“Los problemas de salud que ya existen en la escuela y las comunidades pueden agravarse por la añadidura de nuevos contaminantes que provendrían de la AES. El impacto de éstos puede ser potenciado o sinergético. Es decir, la suma aritmética de las concentraciones de muchos contaminantes no refleja el verdadero impacto de éstos sobre la salud. Esta situación ambiental común no es examinada en la DIA-P del Proyecto AES, no solo para material particulado, sino para compuestos orgánicos volátiles (benceno, tolueno, xilenos, metilamina, metilmercaptanos, etc.) presentes en las emanaciones de industrias de área. El benceno, por ser un compuesto químico cancerígeno es materia de gran preocupación a este respecto. En resumen, aunque se vista con ropaje cuantitativo la tabla de análisis de viabilidad para la selección de ubicación, dista mucho de estar basada en criterios científicos objetivos”. (Informe Dr. Neftalí García, 15 de mayo de 1995, p. 10-11)
Los informes contenían una serie de interrogantes y solicitudes de mayor información y estudios que nunca fueron abordados. Por el contrario, el 4 de marzo de 1996 la Junta de Calidad Ambiental resolvió que la DIA-P presentada en origen cumplía cabalmente con los requisitos de la ley de política pública ambiental y la aprobó como DIA-FINAL (DIA-F); esto sin atender los planteamientos levantados por comunidades, agencias o expertos. Más adelante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ante una demanda presentada por Misión Industrial y SURCO en la cual solicitaban la revocación de la decisión de la JCA, resuelve mediante opinión mayoritaria escrita por el Juez Fuster que la JCA actuó conforme a derecho y avala la DIA-F.
Más aún, la opinión de Fuster indica que la AAE avaló el proyecto. Sin embargo, y según señalado anteriormente, esto es contrario a lo recomendado en los informes de los que evaluaron el documento ambiental por parte de esa agencia. ¿En qué se basó la AAE para endosar el proyecto cuando no se habían atendido los señalamientos de sus expertos? También Fuster sustenta su opinión en que el Departamento de Educación no objetó la ubicación de la planta de AES al lado de la escuela pública Ramona Mendoza; siendo el secretario de Educación en ese momento Víctor Fajardo, luego convicto por corrupción.
Pero lo que hay que examinar en esta decisión no es solo la cuestionable opinión del Juez Fuster en la que el Tribunal Supremo abdica a su responsabilidad de hacer valer la política pública ambiental; sino también la opinión disidente de nada menos que el entonces Juez Asociado Hernández Denton, a la cual se unió la entonces Jueza Asociada Naveira de Rodón. En su opinión Hernández Denton nos señala que la Junta de Calidad Ambiental ignoró los planteamientos hechos por el Panel Examinador de la propia JCA que recomendaba atender las serias deficiencias de la DIA-P señaladas por los deponentes. El Panel Examinador concluyó:
“…entendemos que las preocupaciones planteadas por los deponentes y por esta agencia son de carácter serio y merecen ser considerados, aclarados y analizados por la agencia proponente. Además entendemos que la DIA-P resulta incompleta a la luz de las disposiciones del Reglamento sobre Declaraciones de Impacto Ambiental”. (Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental)
Hernández Denton señala que la JCA obró contrario a dichas recomendaciones al concluir que la DIA-P atendía todos los asuntos y al aprobarla como la DIA-F del proyecto. El Juez Asociado detalla algunas de las deficiencias evidentes de la DIA-P y establece que comparte las preocupaciones que expresa el Panel Examinador. Les recuerdo que en la JCA fue el mismo Héctor Russe el que decidió ignorar el Panel Examinador y el que luego ordenó la destrucción de documentos ambientales.
Es importante señalar que en el documento ambiental de AES la empresa indicaba que de no encontrar un uso beneficioso para las cenizas tóxicas se llevarían las mismas fuera de Puerto Rico para disponer de ellas donde compraban el carbón. Claramente esta condición nunca se cumplió lo que representaba una base para cancelar el contrato. Sin embargo y por el contrario, el gobierno lo que ha hecho es facilitar, a través de acuerdos en cuartos oscuros, el que se depositen estas cenizas tóxicas en los vertederos del país, restándole vida útil y dispersando a más lugares de la Isla estos contaminantes tóxicos. Curioso que para algunas cosas el gobierno pregona que hay que hacer valer los contratos, pero para otras que afectan a la ciudadanía, se encuentra el espacio para enmendarlos sigilosamente.
Este es el típico caso, que lamentablemente vemos tan repetido en nuestra sociedad, donde el sistema completo le falla al país por beneficiar intereses económicos y políticos de algunos pocos. Y es más, este es el típico caso donde el sistema se burla del pueblo otorgando reconocimientos que luego parecen bromas de mal gusto, similares al caso reciente del reconocimiento legislativo al hoy convicto Lutgardo Acevedo. En el caso de AES, en el 2006 la Asociación de Industriales los galardonó con un premio ambiental y luego la propia Agencia de Protección Ambiental federal los honró con el premio de investigación del Coal Combustion Products Partnership por el trabajo hecho referente al agregado con ceniza. Si esto no es una afrenta a las comunidades y al pueblo no sé qué lo puede ser. Vayan y entréguenle a AES un premio de estos en Arroyo Barril a ver qué les dice la comunidad allí. Ambas entidades, como mínimo, deberían retirarle dichos reconocimientos.
El gobierno local por su parte tiene que aceptar que AES fue un grave error. No solo fue un disparate por lo evidente (en Puerto Rico no producimos carbón), ha sido además un verdadero acto de brutalidad y atropello contra las comunidades que ya por más de una década han tenido que sufrir y padecer sus consecuencias. Nadie podría argumentar que eran solo unos opositores los que estaban en contra del proyecto. La evaluación de las propias agencias mostraba que había gran preocupación con el mismo. Es hora de que las entidades de gobierno ordenen el cese de operaciones de AES. Ya Hawai está contemplando ordenar el cierre de la planta de carbón que AES opera allá para sustituirla por energía renovable. Esa es la dirección que se tiene que asumir en Puerto Rico.
Y de la misma forma es hora de que el gobierno evite continuar cometiendo los mismos errores del pasado y ordene la cancelación del incinerador propuesto para Arecibo. El caso del incinerador es idéntico a éste. Los expertos y las comunidades han levantado preocupaciones similares en cuanto a la amenaza que representa el incinerador para la salud y el ambiente y las deficiencias en las evaluaciones realizadas. Las agencias se han hecho de la vista larga. La JCA convirtió la DIA-P del incinerador en DIA-Final en menos de 30 días, ignorando los reclamos de las comunidades y los expertos.
El incinerador generará nada menos que 150,000 toneladas anuales de cenizas tóxicas que el proponente cataloga tendrán “usos beneficiales”, igual que indicaba AES en su momento. También dicen que si se clasifican como tóxicas se llevarán las cenizas fuera de Puerto Ricio. Esto es lo que mismo que decía AES. ¿Pretenden engañarnos dos veces?
Al igual que en el caso de AES, el incinerador es un proyecto en el que se ha ignorado a la ciudadanía y se ha buscado coartar la función de las agencias para beneficiar económicamente a unas personas y unas empresas. Todo cuanto hace falta es que alguna institución u organización galardone al incinerador con algún premio para completar la burla.
No obstante, en el caso del incinerador todavía se está a tiempo para evitar desgracias como las que hemos visto con AES. A los funcionarios actuales de las agencias concernidas les corresponde asumir su responsabilidad ante una ciudadanía que repudia este proyecto y ante la vasta información ya presentada que expone los daños que causaría. No se puede permitir que esta empresa continúe poniendo presión en las agencias utilizando personas con acceso e influencia. Las agencias tienen toda la facultad para retirar los endosos a la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto: endosos que se otorgaron en tan solo 5 días. Además, la empresa no ha cumplido con lo propuesto en origen, pues indicaban que el proyecto sería financiado enteramente con capital privado. Hoy ya sabemos que no tienen dinero y que buscan financiamiento federal. Precisamente la falta de dinero y la oposición ciudadana causaron que la pasada semana Baltimore le denegara a Energy Answers los permisos para construir un incinerador similar allá. ¿Qué están esperando las agencias en Puerto Rico?
De igual forma las entidades gubernamentales deben hacer públicos los informes y evaluaciones de expertos y personal de sus agencias sobre estos proyectos. Y no hablo de las cartas pro-forma que salen de las oficinas de los directores, esas que salen mágicamente avalando proyectos luego de una llamada telefónica que pone a sudar a los funcionarios. Me refiero a las evaluaciones internas (similares a las que presento de la AAE) que quedan en muchas ocasiones enterradas en expedientes y que, con el tiempo, desaparecen. Estas no pueden tratarse como documentos confidenciales, pues son evaluaciones hechas por servidores públicos o especialistas pagos con dinero del pueblo.
AES fue y sigue siendo un grave error. El incinerador es un grave error. El gobierno no puede continuar escondiéndose detrás del pretexto de que hay que hacer valer los contratos, pues todos sabemos que esa excusa se levanta cuando conviene. Estos son proyectos plagados de influencias y presiones indebidas. No podemos permitir que se sigan socializando las pérdidas, envenenando a nuestra población, contaminando suelos, agua y aire con el fin de enriquecer a unos pocos.
Informe Dr. Neftalí García sobre AES 1995
Informe Ing. Nohemí Zerbi sobre AES 1995
Informe Ing. Gerardo Cosme sobre AES 1995
Informe Ingrid M. Vila sobre AES 1995
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